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Tía María: EIA del proyecto no ofrece las garantías ambientales que demanda el Valle del Tambo

En presentación del Informe Sobre la Conflictividad Minera, CooperAcción manifestó los serios cuestionamientos que rondan sobre el proyecto minero de la empresa Southern Perú en Arequipa. Dirigentes del Valle del Tambo, reafirmaron su rechazo al proyecto.

Business Empresarial.- La ejecución del proyecto minero Tía María no garantiza la protección y el cuidado ambiental que requiere el Valle de Tambo, zona que hoy se dedica a la agricultura. Estos son algunos de los principales argumentos por los que los agricultores del Valle de Tambo se oponen a los planes de inversión de la empresa minera Southern Perú.

Esta fue una de las conclusiones al que arribó el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) en el marco de la presentación del informe del Primer Semestre sobre Conflictividad Minera. La directora de CooperAcción, Ana Leyva, advirtió que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, aprobado en agosto del 2014, plantea serias dudas. “La Tapada y Tía María son dos yacimientos que contienen sulfuros. Recordemos que un proyecto minero demanda detonaciones y en ello el tema de los vientos es central. Los puntos de monitoreo para el desplazamiento de estos contaminantes en el aire no están establecidos en zonas clave, tal como lo señaló la evaluación de la UNOPS . Hay falta de información”, advirtió.

Del mismo modo, Leyva afirmó que existen dudas sobre el tema del agua. “En esta zona el agua subterránea es importante porque permite que no se seque el río. Si se afecta esas aguas subterráneas, se afecta el agua de la cuenca y los canales del Valle. ¿Hay conexión? Ese debate debió aclararse. En el 2014 contratamos a un hidrogeólogo portugués quien dijo que el EIA genera un alto nivel de incertidumbre por falta de información”, dijo.

Según advirtió el subdirector de CooperAcción, José De Echave. “La tierra agrícola en las zonas costeras es un bien escaso. Ahí se abre una discusión en términos de políticas públicas. Plantea la interrogante sobre dónde le conviene al país que haya minería y dónde no”, aseveró. Necesitamos ordenar el territorio y sus usos.

Por otro lado, advirtió que en Islay existen hoy otras 10 empresas mineras que tienen concesiones mineras en la zona. Ricardo Quispe, dirigente del Valle del Tambo, quien estuvo en Lima y participó de la presentación del informe de conflictividad minera, señaló que: “En la Punta del Bombón, en Islay, hay una empresa minera que se llama Mariella y extrae hierro. No está cerca al lago ni al río y hemos verificado que no va a impactar en el medio ambiente. Entonces se le permitió entrar. Es por ello que no nos pueden decir que somos antimineros. Dicen que somos 120 personas; pero las manifestaciones demuestran que somos cerca de 8 mil personas. Nos dicen diálogo, pero con una licencia de construcción aprobada y con contingente policial en camino a Arequipa”, afirmó.

En la misma línea se pronunció Miguel Meza, vocero de las organizaciones sociales del Valle, quien reiteró el rechazo al proyecto minero. “En el 2009 hicimos una consulta vecinal y los resultados fueron claros. El 97% está en desacuerdo con el proyecto. Se invitó a Southern a participar del proyecto y no quisieron. El Valle del Tambo es productivo y muy rico. No nos oponemos al desarrollo”, señaló.

EIA SIN CAMBIOS SUSTANTIVOS

“Si hacemos un rápido recuento de los proyectos mineros, ninguno proyecto importante ha visto su EIA desaprobado. Todos son aprobados con observaciones, señaló José De Echave. En tanto, Ana Leyva recordó que sobre el primer EIA existieron 138 observaciones hechas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). “El 78% de esas observaciones mostraban que el EIA del proyecto era de muy mala calidad. El tema hidrogeológico era una de las mayores debilidades del EIA”, agregó.

Leyva también recordó que en el EIA actual del proyecto minero se considera una planta desalinizadora. “En el EIA debía estar el estudio de ingeniería de factibilidad de esa planta y no lo tiene”, dijo.

DIRIGENTES AMENAZADOS

David Velasco, abogado de la entidad Fedepaz, advirtió que el dirigente Miguel Meza y otros dirigentes han sido denunciados. “El Estado en lugar de atender las demandas legítimas de la población que se ven afectadas por las comunidades, reprime a quienes al no sentirse atendidos por el Estado protestan. La represión fáctica y las campañas de destrucción de honras están ocurriendo en Tía María”, dijo. También precisó que las instituciones integrantes del Observatorio NO defienden a ningún dirigente acusado de corrupción y están en contra de la violencia.

Mirtha Vásquez, directora de Grufides señaló que: “escenarios como los que ocurren en Tía María evidencian que no hay una respuesta del Estado para la gestión y el manejo de estos conflictos. Se están dando sin atenderse las demandas. Ponemos casos como los de Cajamarca donde en 13 provincias hay conflictos por actividades mineras. Además, Cajamarca lidera la producción de oro en el país y al mismo tiempo es la región más pobre. Son cosas sobre las que debemos reflexionar”, aseveró.

Finalmente, los integrantes del Observatorio señalaron que los conflictos son un claro indicador de que algo no está funcionando bien. Hay políticas públicas que se han agotado y otras que están haciendo falta. El país necesita fortalecer sus instituciones y apostar por los mejores estándares ambientales y sociales y una clara estrategia de prevención de conflictos.

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