El estado de la ciberseguridad en Perú

Business Empresarial.- El año pasado, Perú registró un récord de 11.5 mil millones de intentos de ciberataques y se encuentra dentro del top tres de países afectados en este tema, por detrás de México y Brasil. Con un aumento de porcentaje de ataques del 71%, el phishing es la principal técnica usada por los delincuentes, formando parte de los 10 principales países a nivel mundial víctimas de esta modalidad.

Las causas son múltiples y no son exclusivas de la realidad peruana. Sin embargo, su impacto es mucho mayor en países donde la brecha digital es más amplia y donde los atacantes han podido explotar la realidad a su favor, sacando provecho de coyunturas como el Covid-19 y los esquemas laborales o académicos que trajo consigo. Además, hacen uso de dinámicas arraigadas, como la penetración de las redes sociales, para robar credenciales y tener acceso a sistemas o información privada, a través de ingeniería social y publicidad engañosa.

Seis de cada 10 peruanos no distinguen entre un mensaje legítimo y una estafa cibernética, y el 61% no saben lo que es un mensaje malicioso. Esto los hace susceptibles a engaños a través de SMS o WhatsApp, sobre presuntos bonos de gobierno relacionados a la pandemia, o a supuestas retenciones bancarias realizados por la SUNAT (Superintendencia Nacional de a Aduanas y de Administración Tributaria).

Sumado a esto, se estima que del 61% de las organizaciones peruanas que tienen políticas de ciberseguridad, solo el 29% tiene un plan de respuesta y continuidad del negocio. Mientras que el 38% no cuenta con una solución de firewall, y el 51% no reconoce una vinculación entre ciberseguridad y sus líneas de negocio. Lo que explica, que menos del 16% del presupuesto de ciberseguridad sea utilizado para acompañar las estrategias de transformación digital y que el 59% de las organizaciones no tengan un responsable de la ciberseguridad a nivel de gerencia ejecutiva.

Si bien desde el gobierno se ha puesto en marcha una política nacional de ciberseguridad, a través del proyecto de Ley de Ciberseguridad, de la Ley de Delitos Informáticos, y la supervisión de la DIVINDAT (División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología); sigue siendo necesario ir más allá y desarrollar una normativa que busque proteger a los usuarios y los recursos a los que acceden. De esta forma, evitar que caigan en engaños de ingeniería social (que apelan a sus emociones y necesidades) y expongan sus credenciales o activos de las organizaciones, mitiga el impacto de los ataques y disminuye el costo, económico y reputacional, de los mismos.