ADEB: Exigencia de carnet de sanidad para trabajadores de comercios formales es ilegal
Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas (Adeb) sostiene que se trata de una “exigencia” que desborda el marco de la Ley General de Salud.
Business Empresarial.- Algunas municipalidades del país vienen exigiendo de manera aleatoria la obtención y renovación periódica de carnés de sanidad a las personas que atienden al público en locales comerciales formales, este recurso edil se convierte en una extraña presión administrativa que de no ser cumplida genera multas a las empresas y hasta el cierre de sus locales comerciales.
Según, Jorge Lazarte, presidente de la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas, exigir carnés de sanidad es ilegal porque contraviene el artículo 13° de la Ley General de Salud, que establece que “Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines”.
Para la organización, la exigencia no garantiza que las personas gocen de buena salud al momento de la atención al público; sino que se limita simplemente a descartar ciertas enfermedades, tras la realización de exámenes médicos invasivos.
Para obtener y renovar los carnés de sanidad, toda persona debe trasladarse cada seis o doce meses a las dependencias municipales en los distritos donde laboran, y someterse a exámenes de sangre que además de generar pérdidas de tiempo y dinero, atentan contra la privacidad constitucional de los trabajadores.
Es importante señalar que el gasto estimado en tiempo y dinero que debe invertir cada persona en la realización de este trámite es de S/ 70 soles en promedio – incluyendo tasas, movilidad y horas perdidas.
Exigir carnés de sanidad es una barrera burocrática que ha sido calificada como ilegal por parte del INDECOPI y confirmada por el Poder Judicial en múltiples oportunidades, dado que genera sobrecostos innecesarios y atenta contra la competitividad del país.
Exhortamos a los órganos de control interno, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público; a tomar las acciones necesarias para garantizar que las autoridades municipales cumplan y respeten la ley y los derechos de los trabajadores peruanos.