Renovación de concesiones de telecomunicaciones: ¿Garrote o incentivo?

Business Empresarial.- Según la Universidad del Pacífico, la brecha de inversión en servicios de telefonía móvil e internet de banda ancha en Perú es de aproximadamente US$ 6,175 millones a 20 años, es decir unos US$ 166 por habitante utilizando la proyección poblacional del INEI. En la medida que las inversiones no fluyan, cada año la brecha incrementará, afectando más a las zonas rurales y de difícil acceso. Esto generará mayor desigualdad de acceso a estos servicios.

Para continuar invirtiendo, las compañías de telecomunicaciones deben pasar por un proceso de renovación de sus concesiones, por un máximo de 20 años. Sin embargo, dicho plazo es menor (por ejemplo, solo 15 años) por la metodología de evaluación aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la cual resta puntos a las compañías no solo por incumplimientos derivados de sus contratos, o sus compromisos de inversión, también por incumplimientos de las regulaciones del MTC y del regulador Osiptel.

El problema es que tales incumplimientos ya son llevados a procesos de sanción por parte de las entidades competentes, como Osiptel, por lo que las empresas no solo pueden enfrentar una multa, sino la reducción de su plazo de renovación de concesión. Es decir, doble sanción por una misma infracción.

Pero, ¿por qué esto debería ser tema de debate? La respuesta la puede obtener el lector con la siguiente estadística: entre 2002 y 2023, las obligaciones creadas por Osiptel para las empresas de telecomunicaciones pasaron de 87 a 805 (crecieron un 825,3%); mientras que las obligaciones creadas por el MTC pasaron de 141 a 574 (un aumento de más de un 300%). Es evidente que, con estas cifras, no sea fácil cumplir las obligaciones regulatorias.

Mientras necesitamos incentivar a las empresas a seguir invirtiendo en telefonía móvil y banda ancha -para lo cual se les debe dar plazos de concesión razonables y ciertos-, les estamos recortando los plazos de concesión por incumplir un creciente número de regulaciones sin considerar que estas se han multiplicado. El caso nos lleva a una reflexión, ¿qué queremos de los procesos de renovación de concesiones?, ¿un instrumento de sanción o un instrumento para incentivar el cierre de brechas de inversión?