“Nuestro sector evoluciona al compás de los cambios tecnológicos que son cada vez mayores y más disruptivos”

Para el alto ejecutivo, el mercado peruano está en condiciones de emprender una reforma regulatoria que promueva la inversión, fomente la competencia y, sobre todo, que proteja al consumidor. 

En un año preelectoral, Perú se enfrenta a un escenario bastante desafiante y el mercado de las telecomunicaciones es un sector importante para el consumidor local. Desde su óptica regional, ¿cuál es su termómetro?
Al margen de los acontecimientos en el plano electoral, los cuales seguimos con atención y profundo respeto, es importante destacar que Perú es un país con una macroeconomía muy sólida que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Perú es un país que ha demostrado gran capacidad de resiliencia y de adaptación para garantizar la marcha de su economía, fundamentalmente, la promoción del consumo y de las inversiones privadas.  Y nuestro sector, el de las Telecomunicaciones, es también un ejemplo de la apuesta por el futuro del país. Alcanza con ver los datos estadísticos del OSIPTEL, que indican que en el 2024 las inversiones crecieron un 3,4%, superando los US$ 1,187 millones, y la tendencia se aceleró en los últimos meses.  Pero claramente existen desafíos que demandan acciones de mediano y largo plazo, y para ello es determinante que existan reglas modernas que promuevan soluciones innovadoras. Entre las asignaturas pendientes, hablamos por ejemplo de la brecha de acceso a la conectividad que aún es amplia y genera que muchas comunidades se queden afuera de las oportunidades propias de la era digital.

Usted muestra fortalezas claras de nuestro mercado y también oportunidades que debemos afrontar. ¿Qué más necesita el mercado de telecomunicaciones para generar mayor confianza e inversiones sostenidas?
Un elemento central para generar confianza radica en el diseño consensuado de reglas claras, modernas y equitativas. Nuestro sector evoluciona al compás de los cambios tecnológicos que, se sabe, son cada vez mayores y más disruptivos. Es por ello que las reglas deben estar vivas para promover la más fluida interacción entre los actores del sector público y el privado, y permitir las transformaciones necesarias para atender las nuevas tendencias del mercado y de los hábitos de consumo.  La mayoría de los países de América Latina emprendió ese cambio para apuntalar la revolución tecnológica y sus múltiples beneficios, pero en el caso de Perú, aunque existe un marco regulatorio moderno en su concepción, se evidencian distorsiones.

Por supuesto, Perú necesita asegurar la inversión para poder seguir avanzando positivamente y para ello la confianza en el marco legal y político es clave…

Desde luego. Hay una labor desde el sector privado y el público que se debe sostener en la constante colaboración. Es un círculo virtuoso que genera confianza, inversión, crecimiento del mercado, progreso para el país y valor para el consumidor. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que la discrecionalidad que se le otorga a los entes reguladores ha producido una desnaturalización de sus roles, sin que prime el criterio técnico, y que ha permitido que la toma de decisiones responda a intereses coyunturales. El aislamiento del regulador, que asume un papel distante y superior ante el regulado invalida por completo la colaboración que necesitamos para lograr la evolución del mercado local. Todo esto promueve un deterioro del marco regulatorio, y a la incertidumbre de los agentes económicos que operan en el marco de leyes peruanas.

Es bastante preocupante lo que Usted menciona.  Desde su rol regional, ¿qué países nos llevan la delantera en este sentido?
En Perú vemos cambios, pero aún se siente bastante tímidos. Hay que hacer una observación del escenario regional para liderar la reconstrucción del marco regulatorio local. Países como Brasil y Argentina han tomado el liderazgo en esta materia y básicamente han determinado que el criterio técnico prima sobre el político. Enacom, en Argentina, hizo una limpieza de su regulación eliminando barreras a la inversión y reduciendo las intervenciones en aspectos que no agregan valor a los servicios o protegen al consumidor. Y por supuesto este cambio admitió la colaboración del sector privado, al permitir que su voz, con sustento técnico y experiencia, agilizara la modernización del marco legal. Y en Brasil, Anatel protagoniza una revolución al entender que existe una convergencia absoluta de los servicios de telecomunicaciones y televisión de paga y avanzar con la adecuación de sus regulaciones consciente de esa nueva situación que no reconoce fronteras.  Desde el sector privado tenemos una mirada positiva y confiamos en que las instituciones tienen el propósito de evolucionar. Por supuesto nuestro conocimiento y experiencia está a disposición para colaborar con ello.

En el último CADE Ejecutivos, la seguridad nacional fue un tema clave. Y la última encuesta nacional muestra una clara preocupación del sector privado. ¿Cómo lo vive desde su respectivo sector de trabajo, es una preocupación para ustedes también?
Pues aquí hay un tema bastante importante y que para Perú representa un gran flagelo, la piratería. Lamentablemente el mercado local se encuentra entre los países de la región con mayor alcance del mercado informal audiovisual con 30% de penetración. Es un claro ejemplo de las distorsiones, porque la empresa formal sostiene una carga de obligaciones y restricciones bastante severa mientras se desvía la atención de la economía informal, que incluye a la piratería en todas sus formas. Esa asimetría entre lo formal e informal representa un peligro latente para la seguridad del consumidor. Las cifras que nos proporciona Alianza Contra la Piratería Audiovisual son alarmantes: casi el 50% de los usuarios de internet está expuesto a los ataques de hackers por mirar, por ejemplo, páginas ilegales para ver fútbol. En casi 2 millones de hogares se accede a esos sitios clandestinos que promocionan la transmisión gratuita de partidos. Los sistemas piratas ingresan a los celulares, tablets y computadoras de los usuarios y les roban datos bancarios y de tarjetas de crédito, además de sus datos y archivos personales. Y esos son los datos que utiliza el delincuente que extorsiona y roba. La piratería crece y avanza al ritmo de la tecnología, mientras los mecanismos y el sistema jurídico no logran la inmediatez necesaria para limitarla y por ejemplo hacer bloqueos en tiempo real. Desde nuestra mirada, esto es un urgente que el marco regulatorio no tiene cubierto con la severidad que amerita.