OSCE presenta nuevo TUSNE 2020
Business Empresarial.- En el marco de la modernización del Estado, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprobó este 29 de mayo su nuevo Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE).
El TUSNE, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 0672020-OSCE/PRE, cuenta con un total de 15 servicios; entre los cuales se encuentran los servicios arbitrales con el anteriormente Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) eran considerados procedimientos administrativos.
Entre dichos servicios incorporados en el nuevo TUSNE figuran: solicitud de pronunciamiento del OSCE sobre liquidaciones o reliquidaciones de gastos arbitrales de procesos arbitrales ad hoc; la solicitud de devolución de honorarios arbitrales en arbitrajes ad hoc; la recusación de árbitros; la designación residual de árbitros para arbitrajes ad hoc; y, la solicitud de instalación de Tribunal Arbitral o Árbitro Único en arbitrajes ad hoc.
Asimismo, el nuevo TUSNE incluye servicios relacionados con la organización y administración de procesos arbitrales, así como la solicitud de copia de documentación obrante en el expediente, los cuales resultan centrales en el marco de procesos arbitrales bajo competencia del OSCE.
De otro lado, destacan los servicios de capacitación y difusión in house sobre la normativa de las contrataciones públicas, que comprenden la realización de charlas, seminarios y conferencias en Lima y regiones. De igual modo, en el marco de la coyuntura generada por el brote del COVID-19, se ha identificado dos servicios que son virtuales: talleres y videoconferencias. Tales capacitación se adecuarán a las funciones y casuística de cada entidad pública o privada que lo solicite.
Con estos cambios, se busca simplificar los servicios a través de la implementación de mecanismos no presenciales (notificaciones por correo electrónico, mesa de partes virtual, audiencias virtuales) y así contribuir a generar valor para la ciudadanía y usuarios del OSCE.
El OSCE es la entidad encargada de regular y supervisar los procesos de contrataciones que realizan las entidades públicas, cautelando la aplicación eficiente de la normatividad y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población.
