La modificación del IGV a servicios digitales: Clarificación, no Innovación

Business Empresarial.- Recientemente, el Congreso peruano ha dado un paso importante al aprobar una
modificación en la ley del IGV, que especifica cómo se debe cobrar y recaudar el impuesto a los servicios de streaming como Netflix y plataformas como Uber, operadas por empresas sin sucursal local en Perú. Es crucial entender que esta medida no representa un nuevo impuesto, sino que formaliza el proceso de tributación para estos servicios digitales que ya son parte integral de nuestra vida diaria.

Esta actualización legislativa tiene como objetivo nivelar el terreno entre las empresas locales, que ya cumplen con el IGV, y las internacionales, que hasta ahora operaban con cierta ventaja. Se trata de un avance hacia la modernización fiscal, alineado con las reformas que han tenido lugar en otras jurisdicciones, como la Unión Europea, donde la tributación de los servicios digitales se ha ajustado para garantizar una
competencia justa y una recaudación adecuada en el mercado digital único.

En la Unión Europea, por ejemplo, el sistema de IGV (o VAT) está diseñado para que el impuesto se pague en el país donde se consume el servicio. Esto asegura que los impuestos se recojan donde realmente se disfrutan estos servicios, evitando problemas como la doble imposición o la evasión fiscal. Perú está siguiendo un camino
similar, buscando que todas las empresas que ofrecen servicios digitales, sin importar su origen, contribuyan de manera justa a nuestra economía.

Es esencial destacar que la modificación a la ley del IGV no introduce una carga tributaria nueva; simplemente clarifica y regula cómo se debe recaudar el impuesto en transacciones que ya estaban ocurriendo. Aunque nuestros representantes en el Congreso y el Gobierno enfrentan desafíos de popularidad, esto no debe nublar
nuestro juicio respecto a medidas que buscan promover la equidad y la justicia fiscal.

Criticar esta modificación basándonos en la impopularidad de sus proponentes sería ignorar los beneficios a largo plazo que esta reforma puede aportar a nuestra economía.

Finalmente, debemos mantenernos atentos al destino de estos ingresos fiscales. Es fundamental que se utilicen de manera efectiva y transparente para abordar las necesidades reales de la población, y no se desvíen de su propósito original. La clarificación de la ley es solo el primer paso; la correcta administración de los fondos
recaudados será la clave para lograr un impacto positivo y duradero en el país.