Hernández y CIA. Abogados: Impuesto a la riqueza y/o salarios altos sería inconstitucional
Viola el principio de no confiscatoriedad protegido por la Constitución del Perú.
Business Empresarial.- El cambio tributario para gravar la riqueza y/o salarios más altos sería inconstitucional, según Fernando Núñez, socio tributario de Hernández & Cía. Abogados.
El experto explicó que se quiebra el criterio de no confiscatoriedad, el cual, en nuestra regulación, consiste en que la recaudación impositiva llevada a cabo por el Estado nunca podrá ser tal que conlleve a la vulneración del derecho fundamental de la propiedad, la igualdad en materia tributaria y, en consecuencia, la capacidad contributiva del contribuyente.
A propósito, Fernando Núñez, socio tributario de Hernández & Cía. Abogados, comentó: “Sería inconstitucional cargar con un impuesto adicional a los contribuyentes, no solamente porque viola el principio de la no confiscatoriedad, sino también porque se estaría perjudicando al sector formal que, desde que inició el Estado de Emergencia, ha contribuido para que la caja fiscal brinde apoyo a los más necesitados.”
Siguiendo con lo anterior, no existe la necesidad de crear un impuesto a la riqueza en la situación actual (crisis económica y de destrucción de riqueza). Vale recordar que en el Perú ya el impuesto a la renta es muy alto, la tasa máxima es de 30%, pero la tasa efectiva es aún mayor porque no se permite deducir muchos gastos.
En las crisis resulta muy fácil crear impuestos, pero mirando al corto, mediano y largo plazo podría ser muy perjudicial. Experiencias en otros países demuestran que este impuesto es de aplicación compleja y genera mucha incertidumbre, por lo que no es recomendable hacerlo ante la situación que estamos viviendo.
Si el Gobierno quiere promocionar la solidaridad, la misma que es preciso aclarar es voluntaria, debería proponer implementar un sistema de donaciones a través de entidades privadas de reconocido prestigio, donde cada sol donado pueda ser descontado íntegramente del Impuesto a la Renta. Esa es una solución democrática, que podría hacer posible que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan y no quedará en las arcas del Estado.
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