Gasto de bolsillo de asegurados en el sector público suma más de 7 mil millones de soles
Business Empresarial.- El gasto de bolsillo del paciente del seguro público (SIS y Essalud) según un estudio de la Digemid, puede llegar a casi 7 mil millones de soles, casi tres veces todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS), el cuál para el 2022 llega tan solo a los 2 mil 400 millones de soles. “Si a ello le añadimos el gasto de la propia prestación que incluye infraestructura, personal de salud y equipamiento, se puede entender que la brecha de salud del ámbito público es exponencialmente mucho mayor”, así lo señaló Hernán Ramos, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).
Además, indicó que esto se evidencia aún más cuando se observa el presupuesto anual que se destina por paciente en el sistema público: en el caso del SIS, este no supera ni los 100 soles por año; y en el caso del Seguro Social de Salud (EsSalud), alcanza poco más de 1,200 soles por año. “Con un presupuesto anual por asegurado tan ínfimo, podríamos afirmar con completa seguridad que estamos ante un colapso absoluto del sistema de salud pública y el Estado no está haciendo nada al respecto”, comentó Ramos.
Para el representante de las clínicas privadas, el Estado debe transparentar el verdadero costo de la salud pública, además de la tremenda brecha que presenta frente a una atención mínima adecuada. “Si el paciente del seguro público invierte, de su propio bolsillo, solo en medicamentos, hasta tres veces más que el presupuesto total del propio seguro público que, encima, destina solo 100 soles anuales por paciente, es hora de que el Estado acepte que su aporte en la salud es prácticamente nulo y que es el propio paciente SIS o EsSalud el que está solventando su salud”, apuntó Ramos.
Según el directivo, el Estado inclusive está planteando intentos de cambio que en lugar de solucionar el problema lo agravan. El Ejecutivo ha emitido el Decreto Supremo 006-2022-SA que pretende legitimar de manera inconstitucional, la confiscación de bienes del sector privado, a través del Superintendente de SUSALUD, pretende controlar los precios y convertir el sector privado en un sector concesionado.
El Congreso respalda las ideas de SUSALUD y ha agendado en la Comisión de Salud un proyecto de ley para precisamente convertir la salud pública en un servicio público, lo que significaría que este seria concesionable tal como lo son los servicios de energía, minería, agua y saneamiento o transporte público”, señaló el directivo. “Esto significa que no existiría más la salud privada formal que es el único ámbito que funciona a nivel prestacional y que sí cumple con la regulación de salud, y se estaría dejando la atención no solo a la misma administración que hoy no puede administrar la salud pública, sino lo que es peor, entregar a dedo la practica privada, seguramente con un fin político, los resultados serian lamentables”, señaló Ramos.
En efecto, la congresista Digna Calle presentó el proyecto de ley N° 2393/2021-CR, que propone convertir a SUSALUD en una reguladora lo que implica cambios en la Ley General de Salud para hacer de la salud un servicio público. Ello significa que los servicios de salud solo los podría brindar el Estado y que la participación de los privados solo se podría dar mediante concesiones.
Según información oficial, el aseguramiento privado en salud llega a aproximadamente al 9% de la población peruana, pero el 50% del total de la oferta prestacional del país es privada, es decir, casi la mitad de los centros de atención en salud, de todos los niveles, es privada donde los propios pacientes que pagan por su salud, ya sea a través de seguros privados o con sus propios recursos.
Así mismo, según fuentes del propio EsSalud, los tiempos de espera para cirugías, por ejemplo, pueden llegar en algunos establecimientos a nivel nacional hasta casi tres años. “Es terrible que un paciente tenga que esperar tanto tiempo para que pueda ser operado o atendido, tiempo crucial para asegurar la vida de las personas; a eso habría que añadir casos como el de gatos encontrados en incubadoras o derrumbes o inundaciones de infraestructura en muy mal estado, lo que, a todas luces, demuestra que nuestro precario sistema de salud pública está completamente colapsado”, agregó Ramos.
“Nosotros garantizamos ampliamente el cumplimiento de la regulación en salud, en mayor medida, mucho más que los hospitales públicos, con estándares inclusive mucho más altos por nuestras propias certificaciones internacionales, porque hablamos de la vida de nuestros pacientes, quienes solventan su salud con sus propios recursos, frente a los hospitales públicos que, en su gran mayoría, ni siquiera cumplen con la propia regulación que establece el Estado” señaló el ejecutivo.
Según el directivo, con su planteamiento, el Estado podría destruir el único ámbito de salud que funciona y que es solventado por las personas que pagan por su salud con sus propios recursos. “Es decir, encima que no reciben ninguna alternativa oportuna y decente de salud pública por parte del Estado, sería el colmo que se les quiera quitar lo que ellos mismos solventan con su propio esfuerzo” agregó.
Los riesgos de la informalidad en la salud
Según el representante de la Asociación de Clínicas del Perú, en el país tenemos un importante número de establecimientos de salud privados que están en la informalidad y que nadie controla ni regula, como es el caso de los centros de apoyo al diagnóstico, con graves consecuencias en la salud y vida de quienes se atienden en ellos. “Ese tipo de prácticas tiene que ser delimitada por el Estado”, señaló Ramos.
“Cuando un asegurado de los sistemas públicos no cuenta con los recursos suficientes para atender en un establecimiento de salud privado de calidad, termina recurriendo al informal porque sus costos son mucho más bajos dado que incumple con una serie de condiciones que van desde personal de salud que no es idóneo para la atención como a infraestructura que no cumple los estándares mínimos para la práctica médica”, indicó el ejecutivo. “A diferencia de otros sectores, este contexto tiene implicancias directas en la salud y la vida de la ciudadanía y es el Estado el responsable de evitar que estas prácticas existan”, concluyó.
El verdadero costo de la salud
El gerente de la ACP señaló también que existe una distorsión de lo que cuesta la salud en general que afecta la imagen de las clínicas privadas formales, producto del problema que surge del ámbito público. Para el directivo, el efecto del embalse de salud pública lo resuelve el paciente acudiendo a la clínica privada pagando de su propio bolsillo pues el Estado no cumple con pagar el intercambio prestacional que deviene de la Ley de emergencias.
“Eso genera un impacto negativo a las clínicas privadas formales porque que, encima que éstas resuelven las emergencias de salud y el embalse del sistema público, lidian con el cobro de esa atención frente a los propios pacientes que son abandonados a su suerte por el seguro público que es el que verdaderamente debe asumir el costo de esa atención” señala Ramos. “El problema lo generan tanto el seguro público como los hospitales públicos, pero las clínicas formales cargan con el malestar de los pacientes”, agrega.
Para el ejecutivo de la ACP, la situación es peor pues los pacientes creen que las clínicas se exceden en los costos que facturan cuando no saben realmente que los costos de la salud privada formal son muy similares a los de la salud pública. “Si uno compara el costo promedio de lo que cuesta una UCI en una clínica privada formal con un hospital público, las diferencias son mínimas; el problema es que el paciente no lo sabe, cree que la salud pública es más barata porque el paciente no tiene idea de cuánto cuesta la salud en general”, menciona el directivo.
Según Ramos, se debe considerar, por ejemplo, que el costo de los equipos médicos es el mismo en el mercado: “un tomógrafo o un equipo de rayos x cuesta prácticamente lo mismo para una clínica formal como para un hospital público; en ese sentido, las diferencias en los costos de la salud son mínimas y están determinadas por los costos complementarios de infraestructura, mobiliario y el costo de los salarios de los profesionales de la salud”, agrega.
Para Ramos, el sistema debería asegurar que cualquier paciente que deba esperar más de 30 días para una cita o más de 90 días para una cirugía debería tener libertad de elegir un prestador privado debidamente registrado en SUSALUD y atenderse con cargo a que su seguro público lo cubra ya sea total o parcialmente, el asegurador público obviamente debe tener los recursos para honrar estas deudas y no seguir acumulándolas, esto sin necesidad de pasar por el difícil proceso de un concurso público que luego las siguientes gestiones desconocen o judicializan.
Para Ramos es hora de que se transparenten los verdaderos costos de lo que se requiere para asegurar la salud de las personas y destinar los recursos necesarios para ello. “De esta manera se sabría realmente que el costo de la salud es prácticamente el mismo en el ámbito público o privado y que el verdadero problema es que el Estado miente diciendo que cubre la salud de la mayor cantidad de peruanos, cuando son ellos los que prácticamente lo vienen haciendo de su propio bolsillo”, indicó. “En pocas palabras, son los propios pacientes del seguro público los que subvencionan su propia salud, pero el Estado se jacta diciendo que asegura la cobertura en salud de la mayor cantidad de peruanos y eso es muy cuestionable, por decirlo menos, porque se está engañando y jugando con la salud de las personas”, concluyó.
