El impacto económico de la formalización del juego online en el Perú
Business Empresarial.- Entre enero y mayo de 2026, los juegos y apuestas deportivas a distancia aportaron más de S/266 millones al Estado peruano, según el balance que la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) del Mincetur presentó en el Perú Gaming Show. En cinco meses, el segmento digital superó lo que había recaudado en once meses de 2025, cuando sumó S/208.8 millones. Detrás de esa cifra hay 92 autorizaciones de explotación vigentes, 349 proveedores registrados y una cadena de servicios que va de las pasarelas de pago al cumplimiento normativo. En este nuevo entorno regulado, también han ganado visibilidad ofertas comerciales como los bonos sin depósito en casas de apuestas de Perú, que forman parte de una industria digital cada vez más estructurada y fiscalizada.
La comparación más reveladora no está en el crecimiento, sino en la distancia con la proyección oficial. Cuando el impuesto entró en vigencia, el entonces jefe de la Sunat, Víctor Mejía, estimó una recaudación anual de S/80 millones y mencionó cinco plataformas grandes identificadas en el país. El primer año cerró con más del doble de esa cifra solo en el canal digital, y el segundo va camino a triplicarla. El Estado subestimó el tamaño del mercado que estaba a punto de formalizar.
Cuánto recauda el juego a distancia y adónde va ese dinero
El sistema tributario descansa sobre dos gravámenes. El impuesto a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia aplica una tasa del 12% sobre la base imponible, que la Ley N° 31557 define como el ingreso neto mensual menos un 2% por gastos de mantenimiento de la plataforma. El Impuesto Selectivo al Consumo grava cada apuesta con un 1%, con el jugador como sujeto del impuesto y el operador autorizado como agente de percepción. Ambos rigen desde el 1 de enero de 2025 y se declaran mediante el Formulario Virtual N° 696, disponible en Sunat Operaciones en Línea desde febrero de ese año.
El ISC arrancó con una tasa reducida de 0.3% hasta el 30 de junio de 2025 y pasó al 1% desde el 1 de julio. Ese cambio explica buena parte del salto entre 2025 y 2026: la base se mantuvo, la tasa se triplicó.
El reparto de lo recaudado está fijado por norma y distingue al canal digital del presencial. Del impuesto a los juegos y apuestas a distancia, el 20% va al Tesoro Público, otro 20% al Ministerio de Salud para programas de salud mental, un 20% al Instituto Peruano del Deporte y el 40% restante al Mincetur para fiscalización y promoción turística. En el canal presencial, el 60% de lo recaudado se transfiere a municipalidades provinciales y distritales: entre 2006 y mayo de 2026, el Estado captó S/4,287 millones por casinos y tragamonedas, de los cuales unos S/2,570 millones llegaron a gobiernos locales.
Las licencias: un mercado mayoritariamente peruano
A mayo de 2026 había 92 autorizaciones de explotación vigentes para juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. El dato que casi nunca se menciona es la composición societaria. En el balance del primer año de formalización, el director de Autorización y Registro del Mincetur, Luis Pérez Torres, precisó que se habían emitido 115 autorizaciones correspondientes a 62 empresas, de las cuales 57 eran peruanas y cinco extranjeras. Las marcas internacionales que operan en el país lo hacen, en su mayoría, a través de sociedades constituidas en el Perú o de sucursales, con RUC peruano y representante legal inscrito en Sunarp.
Eso tiene consecuencias contables. Una autorización dura seis años desde la comunicación del inicio de operaciones, exige acreditar solvencia, homologar cada plataforma, programa de juego y modalidad ante el Mincetur, y prohíbe expresamente operar con criptomonedas. Las sanciones van de 50 a 200 UIT y pueden llegar a la inhabilitación, con la posibilidad de denuncia penal por el artículo 243-C del Código Penal para quienes operen sin autorización.
La cadena de proveedores que la formalización hizo visible
El registro de proveedores de servicios vinculados pasó de 144 empresas en marzo de 2024 a 294 en junio de 2025 y a 349 en junio de 2026, según declaró el director general de la DGJCMT, Yuri Guerra Padilla. A eso se suman ocho laboratorios de certificación internacional acreditados para homologar plataformas, generadores de números aleatorios y modalidades de juego.
Ese registro es el verdadero mapa industrial del sector. Incluye proveedores de bases de datos, aplicaciones, hardware y software que componen las plataformas tecnológicas, y cada uno debe inscribirse y obtener un código de registro que el titular de la licencia declara ante el regulador. Un operador no puede contratar a un proveedor sin registro, con registro vencido o revocado. La consecuencia práctica es que integradores de pago, proveedores de contenido de casino, empresas de verificación de identidad y desarrolladores locales pasaron de facturar en un mercado informal a estar identificados uno por uno en un registro público.
Los pagos: 97% de las transacciones pasa por billeteras digitales
Un análisis de la fintech peruana Tupay sobre su cartera de comercios encontró que el 97% de las transacciones en apuestas online se realiza mediante billeteras digitales locales como Yape y Plin. Las transferencias bancarias representan el 2.5%, las tarjetas menos del 1% y el efectivo no llega al 0.5%.
Los tickets promedio muestran para qué se usa cada canal. La billetera digital mueve S/32 por operación, el efectivo S/40, la tarjeta S/130 y la transferencia bancaria S/239. El depósito recurrente de bajo monto desde el celular es el comportamiento dominante, y eso convirtió a las pasarelas de pago en infraestructura crítica del negocio.
La norma reforzó esa dependencia del sistema financiero peruano. El Decreto Legislativo N° 1644 estableció que, para las plataformas explotadas por personas jurídicas constituidas en el exterior, la apuesta se entiende consumida en el país si el jugador tiene residencia habitual en el Perú, y uno de los supuestos que la acredita es que la tarjeta o la billetera con la que deposita sea provista por una empresa del sistema financiero peruano. El dinero que antes salía por rutas opacas ahora circula por rieles trazables.
La estacionalidad también quedó documentada. Según el procesamiento de transacciones de ProntoPaga durante el Mundial 2026, la final del 19 de julio registró un volumen de depósitos 52% superior al promedio diario del torneo, y la semifinal entre Argentina e Inglaterra marcó el mayor pico de retiros, con un alza del 55%.
Empleo formal y cumplimiento: el costo fijo que nadie contabiliza
La operación de una plataforma licenciada exige personal permanente en cumplimiento normativo, atención al cliente, desarrollo tecnológico y análisis de datos, funciones que antes se resolvían desde el extranjero o simplemente no existían. A eso se suma la red física: 4,534 salas de apuestas deportivas habilitadas a mayo de 2026, tras el salto de 1,756 nuevos locales registrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. El parque se estabilizó alrededor de las 4,500 salas, lo que sugiere que la ola de formalización de puntos físicos ya se agotó.
El aparato de control creció en paralelo. En lo que va de 2026 la DGJCMT realizó 2,583 visitas de fiscalización al segmento de apuestas deportivas a distancia, retiró 116 sitios web ilegales del mercado y decomisó 156 terminales, computadoras y equipos. Las denuncias atendidas ya superan el total del año anterior, con 102 casos frente a 90 en todo 2025. El Registro de Ludopatía del Mincetur, que habilita la autoexclusión, tiene 4,433 personas inscritas a nivel nacional.
Lo que el balance todavía no muestra
Ninguna entidad publica cifras de empleo directo del canal digital. Tampoco existe una estadística oficial de facturación bruta del sector: las estimaciones privadas hablan de un volumen de mercado cercano a US$2,500 millones en 2025 con una proyección de crecimiento del 20% para 2026, pero son cálculos de terceros, no datos del regulador. Y el mercado formal convive con una oferta ilegal que sigue activa pese a los bloqueos por URL, IP, dominio y DNS.
Queda además una pregunta de política pública que las cifras de recaudación no responden: si el 20% destinado al Ministerio de Salud está produciendo programas de salud mental proporcionales al crecimiento del consumo. ¿Debería el Perú publicar un informe anual de ejecución de esos fondos, al modo de lo que se exige a otros sectores extractivos y regulados?
