Empresas deberán adecuarse a la nueva Ley de Sustancias Químicas para evitar sanciones

Business Empresarial.- La adopción de estándares internacionales l en el manejo de sustancias químicas exige un cambio significativo en la gestión corporativa en el Perú. Fabricantes, importadores, distribuidores y usuarios de productos químicos enfrentan el reto de sistematizar sus inventarios y asegurar la trazabilidad de sus procesos para evitar futuras contingencias y sanciones administrativas por parte de las autoridades fiscalizadoras.

Esta exigencia responde a la implementación de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas (Decreto Legislativo No. 1570) y su Reglamento (Decreto Supremo No. 005-2026-MINAM), normas que establecen por primera vez en el país un marco unificado para identificar, comunicar y reducir los peligros asociados a estas sustancias a lo largo de su ciclo de vida. La supervisión, fiscalización y sanción, según sus competencias, estará a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

Alberto Ventura, socio del Área de Proyectos de Recursos Naturales e Infraestructura de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, enfatizó la importancia de la prevención y la recolección oportuna de información. «La clave está en ser más preventivos que reactivos e ir recopilando toda esta información desde ahora. Conocemos de cerca las complicaciones que genera en las empresas no contar con una buena trazabilidad interna. Por ello, una excelente forma de gestionar este reto es trabajar en matrices de cumplimiento e integrarlas en dashboards dinámicos para monitorear el avance de las distintas áreas”, afirmó.

Por su parte, Sandra Lock, asociada senior del Área de Proyectos de Recursos Naturales e Infraestructura de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, advirtió sobre la importancia de no esperar al vencimiento de los plazos. «Esta nueva normativa tiene obligaciones que van a ir siendo exigibles conforme vayan pasando los periodos de adecuación. Es importante la prevención y tener todo sistematizado en matrices de cumplimiento que permitan hacer una trazabilidad mucho más eficiente», señaló.

Las obligaciones clave del nuevo régimen

De acuerdo con los especialistas de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, el marco legal introduce un conjunto de exigencias estructuradas que redefinirán la gestión corporativa de sustancias químicas:

• Clasificación, etiquetado y fichas de seguridad según estándares internacionales: Los fabricantes e importadores deberán clasificar los peligros de sus sustancias conforme al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de la ONU (SGA), y elaborar etiquetas y Fichas de Datos de Seguridad (FDS) en español. Los distribuidores y comercializadores deberán verificar que los productos cuenten con dicha información, mientras que los usuarios deberán adquirir únicamente productos debidamente etiquetados, mantener las FDS accesibles en los puntos de uso y etiquetar los envases cuando realicen trasvases.
• Notificación de productos al Ministerio del Ambiente (MINAM): Los fabricantes e importadores que superen el umbral de cantidades que el MINAM aprobará mediante decreto supremo en el segundo semestre de 2027 deberán notificar la clasificación de peligros, la etiqueta y la FDS de sus sustancias, junto con información sobre su composición, usos recomendados e instalaciones. Esta notificación se realizará de manera progresiva entre 2028 y 2031, según la categoría de peligro de cada sustancia.
• Reporte anual al Registro Nacional de Sustancias Químicas (RENASQ): Los fabricantes e importadores de sustancias peligrosas que superen dicho umbral deberán reportar cada año, con carácter de declaración jurada, las cantidades que fabrican e importan. El reporte se presentará entre el 1 de enero y el 31 de marzo, de forma gradual a partir de 2029.
• Evaluación de riesgos y actualización de instrumentos ambientales: A partir de 2032, los fabricantes e importadores de sustancias nuevas o priorizadas deberán presentar evaluaciones de riesgo para la salud y el ambiente. Asimismo, las empresas sujetas al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental que utilicen sustancias carcinógenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción o peligrosas para el ambiente deberán incorporar medidas específicas de manejo del riesgo en sus instrumentos de gestión ambiental.
• Conservación del sustento técnico por 10 años: Los fabricantes e importadores deberán conservar, por no menos de diez años, los antecedentes técnicos que sustentan la clasificación de peligros de sus sustancias, y ponerlos a disposición de las autoridades cuando estas lo requieran.

Aunque el Reglamento entra en vigencia en octubre de 2026, la norma prevé un periodo de adecuación entre el 1 de enero de 2028 y el 30 de septiembre de 2031, durante el cual no se impondrán sanciones y las autoridades realizarán supervisiones de carácter orientativo. Concluido dicho periodo, las infracciones podrán ser sancionadas con multas que, en los casos muy graves, alcanzan hasta 30 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con un tope del 10 % del ingreso bruto anual del infractor. Frente a ello, los especialistas recomiendan no esperar y realizar desde ya un diagnóstico e inventario de las sustancias que se manejan, revisar sus etiquetas y FDS, y proyectar las medidas que deberán integrarse a los instrumentos de gestión ambiental.